Perversa Asistencia Humanitaria: Cuando la Ayuda se Ahoga en la Política y la Burocracia
La asistencia humanitaria, lejos de ser un acto de mera caridad, es una obligación estatal y un derecho ciudadano en momentos de crisis. Sin embargo, en Ecuador, el sistema de respuesta ante emergencias revela fisuras normativas, vacíos de capacidad y una preocupante susceptibilidad a la politización, convirtiendo el alivio en un proceso, a menudo, distanciado con las necesidades de la población y los estándares nacionales e internacionales.
Apalancaremos el análisis crítico de la realidad ecuatoriana con el marco jurídico vigente, enfocándonos en la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (LOGIRD), el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) y los principios éticos de la asistencia internacional.
1. La Amplitud de la Crisis: Más Allá de los Eventos Causados por la Naturaleza
La legislación ecuatoriana define la gestión integral del riesgo de manera amplia. Si bien la mentalidad operativa a menudo se enfoca solo en amenazas de origen natural, la realidad demuestra que las crisis de origen antrópico (causadas por el ser humano) también demandan asistencia urgente.
El Paro Nacional que está soportando el Ecuador ha generado poblaciones que pudieran necesitar de la asistencia humanitaria, lo que entra como un ejemplo claro de que no solo ante eventos causados por la naturaleza se requiere de este tipo de asistencia. Esto encuentra sustento en la LOGIRD, Art. 1 y 28 (Definición de Gestión del Riesgo y Respuesta), pues la ley dispone de la activación de la asistencia humanitaria bajo el enfoque multiamenaza; es decir sin importar el origen del evento, si un impacto demanda de este tipo de operaciones debe ejecutársela de forma inmediata e inexcusable, validando la necesidad que los diferentes niveles de gobierno se encuentren preparados para cumplir con este mandato.
2. La Trampa de la Descentralización: Responsabilidad sin Capacidad
El principio de descentralización subsidiaria CRE, Art. 390 es la piedra angular del modelo, exigiendo que el primer respondedor y responsable de la asistencia sea el nivel más cercano a la población: los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs). Sin embargo, esta obligación es insostenible sin una capacidad instalada o recursos disponibles para su operación.
El primer problema surge porque la responsabilidad del inicio de la asistencia humanitaria está entregada a los GADs, pero no se indica la capacidad mínima que debe instalarse. Esto contradice el espíritu de la Constitución de la República (CRE, Art. 390) y la LOGIRD, Art. 20, que si bien obliga a los GADs a contar con una Unidad de Gestión del Riesgo y a incluir la asignación de recursos económicos en sus presupuestos, la ley no establece un estándar, umbral o porcentaje mínimo de estos recursos (monetarios o en inventario) para garantizar la respuesta inmediata.
Esta omisión tiene consecuencias directas: la mayoría de los GADs medianos y pequeños no cuentan con presupuesto para iniciar con la asistencia humanitaria luego de que un evento adverso se presente en su jurisdicción. Al no contar con presupuesto o bienes de asistencia humanitaria disponibles, los GADs se ven obligados a reorganizar su presupuesto para cumplir con las demandas de asistencia, lo que implica re-destinar fondos de obras o servicios de desarrollo planificados, comprometiendo sus esquemas de crecimiento y afectando la estabilidad financiera local.
Si un presupuesto es redirigido para la atención de una emergencia o desastre, estos dineros no son revueltos a las arcas de los GADs. Simplemente se "pierden con autorización". Eso si, por cada declaración de emergencia donde exista este tipo de reorganización presupuestaria, suele acompañarse de un examen especial de la Contraloría General del Estado para verificar su buen uso.
3. El Cuello de Botella y la Ineficiencia de la Respuesta
La falta de preparación local obliga a los GADs a una dependencia inmediata y casi total del nivel central, generando un cuello de botella que retrasa la asistencia y compromete la eficiencia del sistema.
Al no tener un nivel de preparación para enfrentar eventos que requieran de asistencia humanitaria, los GADs, bajo el principio de descentralización subsidiaria, demandan del apoyo del nivel central (estatal) para recibir esta asistencia. En este escenario, la insuficiencia de fondos obliga al GAD a recurrir a la Declaratoria de Emergencia (COOTAD, Art. 140 y LOGIRD, Art. 63) para movilizar recursos. Esto sobrecarga a la Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) y al gobierno central, ralentizando la respuesta y violando el principio de oportunidad que debe regir la asistencia.
En consecuencia, estos elementos hacen que la eficiencia y efectividad de la asistencia humanitaria no sean las adecuadas, generando una desprotección en situaciones críticas. La inmediatez y eficacia son inherentes al proceso de Respuesta. Cuando la dependencia burocrática y la escasez de recursos dilatan la entrega de ayuda, se incumple con la efectividad de la respuesta establecida en la ley.
4. La Politización: La Perversión del Acto Humanitario
El fracaso en la cobertura y la oportunidad de la asistencia humanitaria abre un espacio de vacío que es inmediatamente ocupado por el juego político, violando los principios éticos que deben guiar cualquier acción de socorro.
Las rivalidades políticas, en varias ocasiones, han generado que la asistencia humanitaria no cumpla con los principios indicados en la Carta Humanitaria Internacional (base ética del sistema). Los principios esenciales son: 1. Imparcialidad (asistencia basada únicamente en la necesidad, sin discriminación), 2. Neutralidad (sin tomar partido político). 3. Independencia (operadas sin ninguna coerción por parte de entidades ajenas a la operación humanitaria). La violación de estos principios, disputas por el protagonismo y el uso proselitista de la ayuda humanitaria ponen en riesgo la confianza en una operación limpia, transparente y orientada a garantizar los derechos de protección de las personas que han sido impactadas por un evento adverso.
Estos desaciertos generan espacios para que el revanchismo político se presente, acusando los unos a los otros de que la asistencia humanitaria no llega a quien lo necesita. También es una oportunidad de generar proselitismo político por parte de quienes sí disponen de asistencia. Esto compromete el Principio de Humanidad al subordinar el alivio del sufrimiento a agendas de intereses particulares.
Estas rivalidades también generan el aparecimiento de grupos oportunistas, con variopintas intenciones, que aprovechan estas circunstancias para entregar una asistencia que, en su mayoría de veces, no se encuentra articulada ni cumple con los estándares generados por el ente rector de la gestión del riesgo. Esto compromete la calidad, la seguridad y la distribución equitativa de la ayuda,
5. El Camino a la Resiliencia: Propuestas Urgentes
Para garantizar la oportunidad y la imparcialidad en la asistencia humanitaria, es fundamental mantener los recursos iniciales a nivel local, cortando la dependencia y la politización.
Con miras a generar procesos efectivos, independientes y transparentes, los GADs deberían tener un nivel mínimo de resiliencia que les permita iniciar su asistencia humanitaria sin comprometer gastos o inversiones que se encuentran dentro de sus esquemas de desarrollo. Esto implica una Propuesta de Reglamentación al LOGIRD, Art. 20, que exija un nivel mínimo de asignación de recursos (monetarios o en inventario físico) para que puedan de forma autónoma e independiente iniciar con esta acción a la que tiene derecho la población impactada.
Además, en caso de eventos de gran magnitud, el gobierno central puede acceder a recursos propios o de organismos multilaterales, pero este dinero llega hacia las arcas fiscales centrales y no necesariamente será distribuida hacia los diferentes puntos de necesidad. Por ello, el diseño de estrategias de financiamiento que permitan a los GADs mantener el acceso directo a recursos (fondos de contingencia, seguros paramétricos, bodegas equipadas) generaría un incremento notable de la resiliencia (tiempo de respuesta y cobertura de asistencia humanitaria) y el cumplimiento de las normas establecidas para garantizar este derecho que tiene la población efectada.
Conclusión Final:
Es imprescindible que la política pública se oriente a la solución de esta problemática. El modelo actual genera una situación insostenible donde la urgencia de protección de la vida humana y sus derechos fundamentales se puede exponer a la voluntad burocrática y a la mezquindad política. Solo garantizando la autonomía financiera y la capacidad mínima de respuesta de los GADs podremos romper las cadenas de la politización e ineficiencia, asegurando que la asistencia humanitaria en Ecuador sea un verdadero acto de alivio, independiente, transparente y orientado a garantizar los derechos de la población impactada por un evento adverso.
